La declaración del Cels y otras cincuenta ONG dólar/dependiente contra Venezuela ilustra bien el efecto que los fondos imperiales (no solo de USAID) producen en el mundo de los derechos humanos
Hace menos de un mes, el Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina, CELS, y otras cincuenta organizaciones no gubernamentales han emitido una declaración condenando al gobierno bolivariano por las supuestas violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos en ocasión del proceso electoral y sus derivaciones nacionales e internacionales para luego sumarse al coro de voces presidenciales coloniales y colonizadas (Milei, Bukele, Boric, Peña y Boluarte) que pedían más intervencionismo extranjero sobre Venezuela, es decir, más bloqueo, más robo de sus activos, más oportunidades de robo para su exilio dorado. Venezuela: organizaciones de América Latina pedimos con urgencia que se garantice el respeto de los derechos humanos – CELS
Dicen los cipayos en su declaración Desde las elecciones presidenciales, el gobierno de Venezuela no solo ha promovido actos de intimidación, hostigamiento, censura, detenciones arbitrarias de corta y larga duración, ataques digitales, entre otros, en contra de organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, sino también, ha consolidado un marco legal restrictivo que limita gravemente el espacio cívico y democrático en el país.
Esta crisis de violaciones generalizadas contra la sociedad civil y las personas defensoras no es nueva, sino parte de una estrategia sistemática para silenciar las demandas de verdad y justicia, en un contexto de impunidad generalizada. Desde 2022 hasta la fecha más de 1,300 ataques contra personas defensoras se han documentado, con un 78% de los casos vinculados al Estado.
Por el contrario, tanto la delegación de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y Víctimas de la Prisión Política que estuvo presente en Caracas, antes, durante y después de las elecciones, como nuestras organizaciones venezolanas: Sures www.sures.org.ve y Fundalatin, Fundación Latinoamericana por los derechos humanos y el desarrollo social https://fundalatin.webnode.es/ afirman lo contrario. El pueblo venezolano, el gobierno venezolano y las instituciones estatales de Venezuela vencieron una conspiración de larga data que pretendía invalidar con acciones de sabotaje al sistema de transmisión de datos del proceso electoral combinadas con supuestas “estallidos sociales” su derecho a la elección de sus autoridades como base del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Las acciones de sabotaje no pudieron consumarse totalmente y la propia base electoral anti chavista se negó a seguir el juego de las garimbas y acciones armadas que solo han traído dolor y muerte al pueblo venezolano, y no por cierto por responsabilidad estatal sino por el desprecio a la vida que tiene la ultra derecha venezolana y sus amos imperiales, a los cuales se suman los cipayos del CELS y asociados. Para cualquier observador la situación en Venezuela es notoriamente mejor que en años anteriores y se viven días intensos de fortalecimiento del poder popular (elección de Jueces comunales, nuevos programas y planes que dan más poder a las bases populares, etc.) y se preparan nuevas elecciones regionales y legislativas para el mes de abril.
Los cipayos le piden a los Estados anti venezolanos, es decir a Trump, Milei, Peña, Bukele y la Boduarte, como si hiciera falta, que deben Priorizar la situación crítica de derechos humanos que enfrenta el país” y que hacen “un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a continuar denunciando las violaciones a derechos humanos ocurridas en Venezuela y solidarizarse con las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos afectadas”.
Desde la Coordinadora decimos que el pueblo venezolano, como el pueblo de Cuba y Venezuela, sufren la violación de sus derechos humanos, de sus derechos como pueblo y nación soberana por parte del Imperialismo norteamericano que libra contra ellos y que el deber de los luchadores por los derechos humanos es exigir el cese del intervencionismo, del injerencionismo imperial, el fin de la doctrina Monroe ahora agravada por la pretensión de volver a hacer grande a los EE.UU. en base al despojo de nuestras riquezas naturales y la supe explotación de los pueblos fuera y dentro del territorio yankee.
Sobre el efecto económico de las sanciones que los cipayos del CELS y sus asociados piden incrementar, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, aseguró este viernes que desde 2015 el país ha perdido 29 mil millones de dólares cada año debido a las “sanciones” a la industria petrolera y el bloqueo contra el país. «Desde el año 2015 la pérdida ha sido de 232 mil millones de dólares (…) lo que significó, en su momento, 99 % de los ingresos en divisas. Es una forma de aniquilar por completo a pueblos enteros https://misionverdad.com/las-perdidas-acumuladas-de-venezuela-debido-las-sanciones
Ahora, que el propio Trump ha denunciado el robo que las ONG venezolanas hacían de los fondos imperiales enviados vía USAID para conspirar contra las instituciones venezolanas, la posición del CELS y los cipayos asociados es que queda más en ridículo y delata que lejos de poder mantener la autonomía con la recepción de fondos imperiales, la historia es siempre la misma: nacen fuerzas en la lucha contra la violación de los derechos humanos, durante un periodo no necesitan muchos fondos y el pueblo las sostiene, luego crecen y crecen y se burocratizan y ya no alcanza el dinero popular y aceptan los fondos de las fundaciones que solo le piden un pequeño esfuerzo que es lo que los cubanos llaman “pensamiento becario” que crece y crece hasta llegar a la corrupción moral de la Federación Internacional de Derechos Humanos FIDH que en estos días pregunta desesperada cómo afecta la decisión de Trump en el funcionamiento de sus organizaciones asociadas porque casi todas hace años que viven del dinero sucio de sangre del Imperio.
En estos días, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay ha negado la existencia de los más de cincuenta presos políticos pertenecientes al EPP Ejercito del Pueblo Paraguayo en el cual milita Carmen Villalba presa desde hace más de veinte años con condena de 18 años ya cumplida, o la Coordinadora del Perú dice que lo único censurable del robo de los restos mortales de Miguel Rincón Rincón, preso político peruano fallecido de cáncer no tratado luego de 29 años de encierro, es que no permitieran a sus familiares asistir al momento en que el Estado consuma el delito de esparcir sus cenizas en un lugar desconocido. A esos límites hemos llegado, y ya es tiempo de decir basta. Basta del Cels y sus cipayos, basta de la Fidh y sus dineros provistos por Carrefour y el estado francés, basta de USAID pero también de la NED, de la fundación Ford y de todo dinero imperial.
Cómo decía el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de la Argentina, Córdoba, 1918, “hemos mantenido un silencio bastante parecido a la estupidez”
Anexos .
Uno. Sobre el Centro de Estudios Legales y Sociales, financiación del Imperio
fragmento de La verdadera historia de Patrice Derian y Jane Kirkpatrick: https://cronicasdelnuevosiglo.com/2016/03/23/la-verdadera/
no podemos dejar de señalar que si hay una organización, el Centro de Estudios Legales y Sociales que no ha dejado de percibir cuantiosas donaciones por parte de Fundaciones como la Ford, la National Endowment for Democracy conocida como NED, o la fundación del complejo farmacéutico Merck, uno de los más poderosos del mundo. El monto de lo reconocido por el Cels de las “donaciones” recibidas es asombroso: entre 2003 y 2012 es de casi 10 millones de dólares según consta en el cuadro de su web oficial que reproducimos
2003 519.590 USD; 2004 531.259 USD; 2005 646.518 USD;
2006 647.104 USD; 2007 813.577 USD; 2008 969.666 USD
2009 963.223 USD; 2010 1.241.052 USD; 2011 1.692.751 USD;
2012 1.946.864 USD http://www.cels.org.ar/cels/?info=detalleTpl&ids=9&lang=es&ss=61
Y en la misma pagina se reconoce que en el 2003, el 94% de los ingresos eran de Fundaciones y Organizaciones Internacionales, los aportes y donaciones personales apenas llegaba al 4% de lo ingresado. La Fundación Ford es bien conocida por su labor articulada con la CIA tal como lo denuncia el biólogo argentino Daniel Goldstein citado en el articulo de Calloni Argumedo que ya señalamos: «la Fundación Ford es (…) un organismo paragubernamental destinado a formular la táctica de contrainsurgencia civil para las dos Américas. La Fundación Ford se ha convertido en realidad en una nueva agencia de inteligencia destinada a los problemas sociales de los pueblos neocoloniales». Y basta señalar que la NED fue denunciada por el investigador francés Thierry Meissan como la cara legal de la CIA en un detallado informe que adjuntamos al pie de pagina donde entre otras perlitas informa que el propio Henry Kissinger es el administrador de la NED, entre otras estrellas de la defensa de los derechos humanos: “El consejo de administración de la NED no es por lo tanto otra cosa que una correa de transmisión del Consejo de Seguridad Nacional. En aras de salvar las apariencias, se decidió que, de manera general, los agentes o ex agentes de la CIA no podían figurar en el consejo de administración. A pesar de lo anterior, las cosas no pueden estar más claras. La mayoría de los altos funcionarios que han desempeñado un papel central en el Consejo de Seguridad Nacional han sido administradores de la NED. En ese caso se encuentran, por ejemplo, Henry Kissinger, Franck Carlucci, Zbigniew Brzezinski y Paul Wolfowitz, personalidades que la Historia no recordará precisamente como idealistas de la democracia sino como estrategas cínicos de la violencia.”
En las paginas del Cels sobre proyectos ejecutados los primeros tres proyectos de los que se da cuenta fueron financiados por la Fundación Ford y la NED: “Proyecto de fortalecimiento institucional Fundación Ford – Chile Fortalecimiento de organizaciones de derechos humanos: Programa de apoyo a organizaciones sociales National Endowment For Democracy (Ned) – Estados Unidos. Derechos humanos en las provincias argentinas y en la región, a través de la consolidación de sus organizaciones de la sociedad civil National Endowment For Democracy (Ned) –Estados Unidos” http://www.cels.org.ar/cels/?info=detalleTpl&ids=9&lang=es&ss=139 Y si uno se toma el tiempo de revisar los proyectos y los sponsors se encontrará con sorpresas que la mayoría de los grupos y compañeros que acuden al Cels en procura de ayuda, seguramente ni imagina
Sobre las consecuencias del bloqueo
En palabras de Weisbrot y Sachs: “Las sanciones redujeron la ingesta calórica de la población, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como para menores) y desplazaron a millones de venezolanos fuera del país”. Al día de hoy se puede afirmar que el régimen sancionatorio comandado por los Gobiernos de Estados Unidos contra Venezuela, es responsable de: la imposibilidad de adquirir equipos, repuestos y material fundamental para el regular funcionamiento de servicios, como bombas de agua para el suministro nacional, pruebas de VIH, medicamentos de enfermedades complejas, o específicamente la ruptura de convenios de salud para trasplantes que ha afectado la vida de niños y niñas, la imposibilidad de mantener ayudas adecuadas a la población mayor mediante un robusto sistema de pensiones, como lo fue antes de las sanciones, o la dificultad de la población para acceder a la cesta alimentaria, entre otros. En febrero de 2021, el Informe preliminar de la relatora especial de la ONU en materia de derechos humanos, Alena Douhan, expresó asimismo la gravedad del régimen sancionatorio, en tanto atenta contra la calidad de vida de los venezolanos afectando el acceso a la salud, la alimentación y la educación. Al respecto, cabe acotar que la última medida ilegal de Estados Unidos fue la detención y extradición del enviado especial del Gobierno venezolano, Alex Saab, quien compraba alimentos e insumos médicos de manera directa, como una forma de sortear la muralla financiera levantada contra Venezuela, para abastecer, entre otras políticas, a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción o CLAP, esenciales para garantizar la ingesta calórica elemental ante la crisis económica desarrollada en el marco de las sanciones.
Aunado a ello, las sanciones afectan de manera directa la adquisición de los recursos necesarios para atender la agenda climática, tan acuciante en estos tiempos (cuando justamente en unos días se celebrará en Glasgow la COP26 para tratar el tema climático), esto que golpea la investigación y la capacidad de los Estados de atender catástrofes climáticas, manejo de riesgos, además de segregar el acceso a financiamientos para atender la crisis climática global. El Gobierno venezolano ha calificado al régimen sancionatorio como un “un crimen de lesa humanidad” e instado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a investigarlo
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